menes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, sino que también ha dejado como papel mojado hasta hoy las «recomendaciones» de la Comisión de la Verdad para el castigo de los sucesos horribles y la reparación a las víctimas, acordadas en los Acuerdos de Paz.

El día posterior al fallo la Sala de lo Constitucional, Amnistía Internacional manifestó su alegría: «Hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador (…)», manifestó. Para la Universidad Jesuita UCA, la «valentía» de la Sala «abre una nueva etapa de [la] historia» del país. Ovidio Mauricio González del grupo de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, habló de «una oportunidad para la justicia y reconciliación», argumentando que la Comisión de la Verdad había investigado miles de casos, y que masacres del ejército como las de El Mozote y del Río Sumpul (1000 y 600 pobladores civiles asesinados respectivamente), ahora sí tendrían que ser aclaradas. (Los archivos históricos de Tutela Legal, tal vez los más completos que existen sobre los crímenes cometidos durante la guerra, fueron restringidos al público por una decisión del actual arzobispo conservador de San Salvador. La Sala de lo Constitucional avaló esta «privatización» a pesar de la protesta indignada de las víctimas que le habían dado su testimonio a la Tutela de Monseñor Romero, representada hoy por González.

Representantes de ARENA tras una primera consternación, afirmaron a título individual, que un fallo de la Sala era de obligatorio cumplimiento. Aunque ARENA había impuesto la ley de amnistía y ha venido defendiéndola a capa y espada hasta el momento, por ahora no ha sacado ningún comunicado al respecto. Algunos ex-oficiales de la Fuerza Armada vieron venir una nueva guerra a raíz de la abolición de la amnistía; los militares en servicio no se han expresado públicamente, excepto el ministro de defensa, David Munguía Payés, quien advierte sobre posibles consecuencias desestabilizadoras. Jean Elizabeth Manes, embajadora norteamericana en el país, se ha expresado en términos cautelosos y de «respeto» a la decisión de los magistrados.

El FMLN se pronunció el 15 de julio a través de un comunicado donde crítica fuertemente la decisión de la Sala: «Denunciamos la intencionalidad desestabilizadora de un grupo de jueces, […] y que pretende cada día convertirse en un gobierno paralelo al legítimo y constitucional; un gobierno de los jueces […] Reconocemos, como lo hemos hecho siempre, el derecho de las víctimas a conocer la verdad y reclamar la justicia y reparación como un camino hacia la reconciliación, expresado en el espíritu del proceso de Paz y en los acuerdos alcanzados en 1992.» El presidente Salvador Sánchez Cerén por su lado dijo: «Siempre hemos tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto. Como hemos señalado de manera reiterada, ante otras resoluciones de esta Sala, estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza.»

El mecanismo de la manipulación

La Sala juzga en su sentencia que la ley de amnistía es inconstitucional en la medida que exime de la justicia crímenes de guerra y de lesa humanidad no amnistiables según la ley internacional (Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra etc.) vigente en la década de los 80s en El Salvador. O sea, en este punto ha retomado las críticas del FMLN y de las organizaciones de derechos humanos esgrimidas desde 1993. Pero el problema es otro; los magistrados cambian radicalmente el Informe de la Comisión de la Verdad. Escriben: «Se advierte en cada uno de los casos establecidos en el informe de la Comisión de la Verdad, un denominador común: la existencia de diversas estructuras de carácter militar, paramilitar e insurgente que –[…] fuera de todo amparo en el ordenamiento jurídico vigente al momento del conflicto armado salvadoreño– desencadenaron graves violaciones a los derechos fundamentales de la población. En tales estructuras, es fácilmente visible una cúpula o dirección de la cual emanaban esas órdenes y quienes ejercían control de las actividades de los subordinados» (pág. 28). La Sala insiste repetidamente en estos «poderes de mando». En la noche todos los gatos son grises, dicen por allá. Partiendo de esta equiparación formal entre ejército y guerrilla en el aspecto operativo, pretenden hacer una equiparación en términos de responsabilidad política. La Comisión de la Verdad le atribuyó el 5 % de los 22’000 casos investigados al FMLN y el 95 % al régimen. Esta diferencia cuantitativa-cualitativa, la Sala la reduce a cero sin argumento alguno.

Repetidamente los magistrados insisten en la judicialización de crímenes no documentados en el Informe, que varias veces los caracterizan como «otros de igual o mayor gravedad y trascendencia» (p. 40). Por razones específicas, en el Informe falta un crimen cometido por fuerzas guerrillerasi, lo que no le quita su normatividad establecida en los Acuerdo de Paz. La Comisión tenía en su momento acceso exclusivo y privilegiado a archivos y fuentes de los dos bandos, sin embargo, la Sala les otorga ahora a casos «nuevos» no especificados el mismo peso. Para evitar que el aparato de justicia se hunda bajo de una supuesta avalancha de procesos posibles, los magistrados dictaminan que se haga una lista de casos prioritarios (pág. 39), sin exponer –por el momento– mayores detalles sobre esta lista: ¿quién la establece?, ¿sobre qué base? ¿con qué criterios?, etc.

Otro elemento inquietante es el siguiente: «La nueva situación que se abre con esta sentencia constitucional pone en evidencia la necesidad de una regulación complementaria para una genuina transición democrática hacia la paz [… y] la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra» (pág. 34). Varias veces, la Sala se refiere a una «justicia transicional» iniciada con su fallo, 24 años después del fin de la guerra civil y cuando el FMLN se encuentra gobernando (por lo visto un gobierno «pre-transicional») ¡La actitud de la Sala cuadra con el discurso actual de fuerzas derechistas sobre un «nuevo acuerdo de paz» que legitime el modelo neoliberal, modelo combatido paso a paso por el gobierno del Frente.

Abusar las víctimas

René Hernández Valiente, miembro de la Sala de lo Constitucional de 1994-97 y representante de la derecha dura, es parte de esa suerte de «club» alrededor de la Sala actual. En BBC Mundo manifestó su alegria: el fallo «va a sacudir a nuestra sociedad […].Ha habido señalamientos en contra de funcionarios del actual gobierno (…) definitivamente se van a ver afectados.» En la mira están el presidente y otros dirigentes del Frente. Entendemos que este fallo es parte de una cadena de sentencias de la Sala para desestabilizar el gobierno del FMLN (ver abajo). Para ese fin, hasta sacrificios en la derecha tradicional parecen posibles; entre los amenazados está el ex-presidente Alfredo Cristiani, involucrado en el asesinato de los jesuitas durante la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 (vea Funes: La oligarquía está dispuesta a sacrificar a Cristiani).

David Morales de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) saluda la abolición de la ley de amnistía como una «conquista» de la lucha de las víctimas, pero anuncia la creación de un «mecanismo especial de seguimiento a la sentencia. El objetivo de este mecanismo será acompañar a las víctimas, pero también prevenir las posibles demandas oportunistas que con fines políticos puedan darse. Solo quiero […] que no haya actores con fines políticos que quieran atacar a sus adversarios con demandas infundadas que carecen de mayor información». De manera menos diplomática, lo manifestó Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, en su página facebook: La sentencia «no aporta nada al resarcimiento de las víctimas, las abusa.»

El vocero del gobierno, Eugenio Chicas, saludó la abolición de la ley de impunidad, pero insistió que la «pasividad» de la justicia no se explica únicamente con esta ley: «Hay más de 900 expedientes en la Corte Suprema de Justicia sobre los propios operadores de justicia, que no termina de resolverse. Eso genera impunidad en el país.» La responsable de esta «mora», es, en última instancia, la Sala de lo Constitucional. Además, ya en el año 2002, la entonces Sala de lo Constitucional decretaba la no-vigencia de la ley de amnistía para los crímenes cometidos entre el 1ro de junio de 1989 (inicio del gobierno de ARENA) y el fin de la guerra, ya que un gobierno no podía auto-amnistiarse. Varias masacres, también la de los jesuitas, hubiera entonces tenido que ser investigadas por la fiscalía y judicializadas por los tribunales, si necesario con intervención de la Sala de lo Constitucional. Nada de eso pasó.

Provocar divisiones

Hay sectores que quieren utilizar el nuevo fallo para azuzar contradicciones entre el gobierno y la Fuerza Armada, dice Chicas y afirma: «La actual Fuerza Armada no tiene nada que ver con aquella institución que cometió los crímenes durante el conflicto armado. Son otros titulares». Un dirigente del FMLN comentó hace poco: «Las fuerzas armadas ya no bailan al son de Washington». El liderazgo castrense de la época de la guerra ha perdido desde entonces mucho peso político, pero una judicialización de oficiales entonces subordinados, aún en servicio activo pudiera buscar provocar un efecto de solidaridad en el ejército, valoran cuadros farabundistas. No hay que olvidar que en 2014 la Fuerza Armada tuvo que rechazar un llamado golpista del derrotado candidato presidencial arenero.

Dos de los principales responsables en los crímenes de guerra y de lesa humanidad siguen pasando desapercibidas: los EE. UU. y la oligarquía. En su cuenta facebook, Lorena Peña escribió el 17 de julio: «La oligarquía estuvo usando la [Fuerza Armada], paramilitares y financiando escuadrones. Tal como lo dice el anexo de la comisión de la verdad. Los mismos que hoy están detrás de la sala de lo constitucional.» EE.UU. había asumido la dirección general de la guerra contrainsurgente, sin descuidar «detalles» como la capacitación de expertos en tortura.

El chantaje

El mismo día del fallo sobre la ley de impunidad, la Sala siguió su línea de estrangulación financiera al gobierno: declaró inconstitucional un crédito de $ 900 millones avalado por la Asamblea Legislativa. El gobierno enfrenta serios problemas fiscales como resultado del bloqueo de la derecha en el parlamento (donde para autorizar cupos de deuda hacen falta 2/3 de los votos), y cuando por circunstancias el mecanismo de bloqueo parlamentario les falla, se da la intervención de la Sala de lo Constitucional. Esta Sala ha venido decretando la inconstitucionalidad de una serie reformas moderadas hacia un sistema fiscal progresista, de medidas contra el fraude de impuestos o de una serie de ingresos del gobierno (ver el análisis de Norma Guevara, jefa de la fracción del FMLN: ¿Porque bloquear las finanzas del estado? ). Ese mismo día también, la Sala «suspendió» una carga adicional de 13 % a los precios (baratos) de electricidad para el 30 % de los mayores consumidores de energía, una carga que iba a servir para inversiones en fuentes energéticas alternativas al petróleo importado y al pago de las subvenciones para el 70 % restante de los consumidores de la población. Como resultado parece que el gobierno en pocos meses ya no podrá cumplir con sus obligaciones de pago (salarios, servicio de la deuda etc.). Para avalar nuevos créditos (y sin pedir la intervención de la Sala) la derecha quiere imponer un «ajuste» feroz en el marco de un acuerdo con el FMI.

«De un plumazo…»

Una cuarta sentencia, aunque incluida formalmente en la de los $ 900 millones, declaró que a partir de este momento los parlamentarios suplentes dejan de existir como tales hasta las próximas elecciones parlamentarias (una verdadera destitución). A partir de las cuales deberán ser mencionados y marcados individualmente en las papeletas de votación. Los suplentes desde hace décadas son electos no en forma individualizada, sino incluidos en el paquete de las prarlamentarias electas. Se vislumbran muchas dificultadas prácticas para la Asamblea hasta el 2018, debido a su modalidad de funcionamiento (sesiones plenarias y de comisiones en casi todas las semanas del año). Casos de fuerza mayor podrán cambiar la correlación al interno del parlamento, básicamente en contra de que el FMLN obtenga los dos tercios requeridos para ciertas decisiones. La presidenta de la Asamblea resaltaba: «No podemos esperar agachar la cabeza cuando deciden violar la Constitución y desaparecer un proceso electoral, que lo han desconocido a pesar de que se hizo bajos sus reglas. En el caso del FMLN no aceptamos estos golpes de Estado técnicos que comienzan por suplentes y que después pueden terminar en situaciones más difíciles para el país [… Los magistrados están] tanteando desaparecer elecciones de un plumazo.» Con nueve sentencias, la Sala había interferido las elecciones parlamentarias del 2015 de manera dramática, pero sin tan solo mencionar ningún problema con respecto a los suplentes.

Golpe suave o justicia restaurativa

La agitación ligada al paquete de sentencias del 13 de julio viene en un momento en el que el gobierno del FMLN está logrando claros avances en la lucha contra la violencia brutal de las pandillas en el país. El ambiente ha empezado a cambiar, la gente empieza a tener esperanzas de que es posible vivir sin la presión permanente del crimen organizado. La Sala Constitucional hace lo suyo para ahogar este aire de desasosiego. (Parte de los $900 millones hubieran tenido que servir a la lucha contra el crimen).

Para muchas víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra, el deseo de justicia no consiste en que los criminales pasen el resto de su vida en una cárcel, en cambio, otro elemento que estuvo presente desde el inicio no ha perdido para nada de su urgencia: la urgencia de conocer la verdad sobre las acciones de noche y niebla del régimen. Saber cómo murieron los seres queridos, en dónde están enterrados, etc. Y que los culpables ya no se escondan tras mentiras y falsedades.

Lorena Peña del FMLN puso bien claro en una entrevista televisiva que la Sala lo que hizo era abrirle el paso a una justicia penal, pero no restaurativa: “La justicia penal exige que cada denunciante lleve nombre, testigo, lugar, etc. para documentar su denuncia. Y eso par la immensa mayoría de las víctimas va a ser imposible. Lo que si puedo creer es que algun tanque de pensamiento de ARENA hasta con testigos falsos le quiere montar un caso a cualquier dirigente del FMLN o al mismo presidente de la República. Y si la Sala puede destituir funcionarios electos, termina queriendo destituir diputados o al mismo presidente […]. Yo no me pronuncio sobre la derogatoria de la ley de amnistía porque esta era un cascarón que ya no tenía contenido [… La Sala] se pronuncia sobre la ley de amnistía para borrar el Informe de la Comisión de la Verdad.”

A las victimas las acompaña una iniciativa del presidente Sánchez Cerén, quien promueve desde el 23 de julio una ley de reconciliación que «tendrá como prioridad el respeto a la vida humana y el resarcimiento de las víctimas», como lo expresó su vocero, Eugenio Chicas. El secretario general frentista, Medardo González, a su vez manifestó que el Frente “siempre estuvo a la par de las víctimas, a la par del pueblo salvadoreño. Pedimos la inconstitucionalidad de esa Ley, porque pedíamos justicia.” Para que haya «reconciliación y paz», siguió, es necesaria la verdad. “El FMLN busca una justicia restaurativa, no como justicia penal.

Ataques de la Sala

En la medida que organizaciones de víctimas, iglesias, partidos políticos y otras fuerzas se suman a este esfuerzo de reconciliación basada en la verdad histórica, se contrarrestara la finalidad de choque permanente y tensionante de la Sala. De todas maneras, los próximos meses serán de mucha tensión. La agresividad sistemática anti-FMLN de los medios dominantes, de las organizaciones patronales, del partido ARENA y de la Sala de lo Constitucional indica que no están dispuestos a tolerar que el Frente termine su gobierno que va hasta el 2019, y con posibilidades de ganar otras elecciones si logra mantener la ofensiva contra la violencia criminal en el país y de avanzar en la reconstrucción de la economía para la gente. Están obviamente alentados por la serie de victorias reaccionarias y en parte abiertamente golpistas en el sur del continente. En aspectos importantes, la Sala es el punto de lanza de este esfuerzo. La «dictadura de los jueces» y otras caracterizaciones hoy comunes tienen su origen en que esta Sala desde el primer triunfo electoral del Frente a nivel presidencial en 2009 ha venido escalando una política de intromisión y sumisión del parlamento y del gobierno, amparándose en su calidad de «vigilante de la constitución». Los cuatro magistrados, de los cuales la mitad electa en violación evidente de la legalidad hace 7 años, han destituido a su propio presidente, a los presidentes y otros miembros del Concejo Nacional de Judicatura, de la Corte de Cuenta, del Tribunal Supremo Electoral; han anulado importantes artículos de la constitución que obstaculizaban su particular visión de «democracia vigilada» por ellos; se han auto declarado, en abierta violación de la constitución, entidad constituyente y no solamente constituida, o sea, se dieron el poder de cambiar la constitución «interpretándola» a su modo; declaran anticonstitucional una comisión parlamentaria que iba a investigar la manera fraudulenta como ellos fueron electos en el 2009 por el parlamento saliente; anulan siempre más seguido decisiones del parlamento y del ejecutivo; cambiaron totalmente el sistema electoral, acordado en los Acuerdos de Paz como uno de sus elementos centrales (pero con el “defecto” de no haber impedido los triunfos electorales del FMLN) y reduciendo el Tribunal Suprema Electoral, que según la constitución se supone la máxima autoridad en asuntos electorales, a una entidad administrativa controlada por ellos (ahora desconociendo los suplentes que habían sido certificados por el Tribunal) etc. etc.

Es interesante un detalle: Florentín Meléndez, uno de los cuatro magistrados golpistas, no desdeño una fuerte dosis de populismo al defender la anulación de los suplentes al decir: “Si para eso el pueblo elige a los propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y otras cosas del estilo. O sea, usa los «argumentos» que indundan los grandes medios y las «redes sociales» sobre los «diputados parásitos» etc., campaña que no existía cuando la derecha tenía el control total de la Asamblea. Al respecto, Lorena Peña en la entrevista mencionada observar: «Si hoy quitan los diputados suplentes después de una campaña que son haraganes, etc. –porque eso no lo hacen así no más, preparan un ambiente para dar un golpe. Yo recuerdo que dicen que el ministro de comunicación que era el Sr. Sandoval, creo, que después fue da la OIE [servicio de inteligencia] de ARENA– esto está en el reprote de la Comisión de la Verdad, que hizo una gran diciendo que los padres eran unos comunistas, que los padres eran disociadores, se hizo una gran campaña, después los mataron. Con los suplentes lo mismo, han hecho una gran campaña para que la gente diga: hombre, que los quiten!».

Los maestros golpistas

Ahora, ¿por qué tiene tanto poder la Sala?; cuando la mayoría de la Asamblea intentó, en el 2011/2012, acudir a la Corte Centroamericana de Justicia para defender sus prerrogativas, se armó un gran alboroto internacional en «defensa de la independencia de la justicia», promovido entre otros por congresistas y medios norteamericanos y algunas organizaciones que se pretenden defensoras de los derechos humanos con el apoyo de la embajada USA en el país. El FMLN y el parlamento cedieron para no agudizar aún más la crisis de poderes estatales. Cuando en el mismo año 2012, Juan Orlando Hernández, en ese entonces presidente del parlamento y ya el hombre fuerte en Honduras, simplemente destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de su país por haber votado una única vez en contra de sus planes. La respuesta de la misma «comunidad internacional» fue el silencio absoluto. En El Salvador, se considera la Sala como muy cercana a «la embajada». En efecto, de no contar con su beneplácito, sería impensable que hubiera durado más de un año con sus pretensiones «descabelladas».

La resistencia

Ahora, hay un detalle importante. En el último Foro de São Paulo (reunión de partidos latinoamericanos de izquierda y de semi-izquierda) en junio pasado en El Salvador, uno de los mensajes que venía de tantos países era claro: no basta gobernar técnicamente bien, hay que pegarse a la luchas en la sociedad. El FMLN se «empapó» de este mensaje ya en su congreso del año pasado y se nota una movilización callejera más fuerte que antes. Efectivamente, en El Salvador existe una estructura partidaria experimentada, ligada a sectores importantes del pueblo, que no «se deja» así no más. Eso, las fuerzas golpistas lo saben y tratarán de tomarlo en cuenta. La pregunta es si pueden. Lo veremos en los próximos meses que todo indica que la lucha contra la abolición de resultados electorales (suplentes) se va a tensionar.

Nota:

 En 1990, en el frente paracentral de las FPL/FMLN, empezó a darse una purga de supuestos infiltrados que terminó en una matanza de un gran número de combatientes, hasta que la comandancia de las FPL bajo el mando del hoy presidente destituyó la dirección de este frente, investigó los acontecimientos y ajustició al principal responsable de la masacre. Es difícil de entender desde afuera como ha sido posible esta perversión militarista, independiente si el jefe del frente era «paranoico» o conscientemente al servicio del régimen. Pero hay que destacar dos cosas que diferencian la tragedia de tantas masacres perpetradas por el otro lado: uno, la comandancia tomó medidas drásticas; y dos, los familiares de l@s compas asesinad@s rechazaron hablar de este asunto con la Comisión de la Verdad. A pesar de su inmenso dolor y su amargura, la población víctima no quería responsabilizar a la guerrilla como tal. No hay medida común entre la grandeza revolucionaria de esta gente sacrificada y la pequeñez de los magistrados de la Sala.

Dieter Drüssel

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor