Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada,  sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza.

Carta de la OEA, 1948

1.- Las amenazas del presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, de tomar fuertes y prontas acciones económicas –adicionales a la “no descartada” vía militar– tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, así como las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro, relacionadas con un bloqueo a cualquier transacción financiera del Gobierno venezolano a través de la banca internacional, atentan no contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino principalmente contra el pueblo venezolano.

2.- Tales amenazas y sanciones develan las agresiones económicas que desde 1999, y con mayor intensidad a partir de 2013, venía accionando, de manera encubierta, el país del norte contra el pueblo de Bolívar. EE.UU. ha buscado generar una desestabilización social en Venezuela con el objetivo de derrocar el gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. En el marco de una guerra híbrida y no convencional caracterizada por la presencia de componentes psicológicos, mediáticos y económicos, ha activado mecanismos para distorsionar los mercados y con ello generar malestar social, incidir sobre las preferencias políticas de los venezolanos y socavar el apoyo popular a la Revolución Bolivariana.

3.- Estados Unidos de Norteamérica es uno de los principales socios comerciales y financieros de Venezuela. Cualquier acción económica que este país tome, ya sea esta encubierta, como ha venido ocurriendo, o manifiesta, dadas las recientes amenazas por parte de su presidente, atenta y vulnera los derechos humanos de los venezolanos en la medida en que dificulta a los sectores productivos, tanto públicos como privados, proveer los bienes esenciales para la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la cultura, el transporte, la vida y en general el vivir bien de la población.

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