Desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, Bolivia atraviesa la peor crisis política de su
historia. El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Evo Morales por un 47,08% de los votos
emitidos con una diferencia mayor al 10% (648.180 votos) sobre el candidato Carlos Mesa por
lo que fue suficiente para ganar las elecciones en primera vuelta.
La primera afirmación de fraude por parte de la OEA desencadenó violencia de parte de los
grupos de choque de la oposición que quemaron los tribunales electorales departamentales
y sedes del partido Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP. Muchas autoridades como la
alcaldesa de Vinto en Cochabamba Patricia Arce, el ex viceministro de interculturalidades
Feliciano Vegamonte, el presidente de la cámara de diputados Víctor Borda, el ministro de
minería César Navarro y sus familias fueron secuestrados y brutalmente agredidos
obligándolos a renunciar a sus cargos.
El amotinamiento de fuerzas policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a
una campaña de terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados,
secuestrados, torturados, sus domicilios particulares quemados en un ambiente de total
impunidad, obligándolos a la renuncia en el caso de ser autoridades como la alcaldesa de
Vinto en Cochabamba.
Con la sugerencia de renuncia del Presidente Evo Morales realizado por el comandante de
las FFAA, el 10 de noviembre, Morales se vio obligado a dimitir argumentando con ello que
esa decisión pondría alto a la violencia de la oposición y sus grupos de choque y paramilitares
(motoqueros).
Consumado el golpe con la renuncia de Evo Morales, se desató la represión de los grupos
paramilitares apoyados por la Policía y las FFAA, calificando a los manifestantes que
defendían al gobierno de “turbas”, “vándalos”, “radicales” o “delincuentes”. Las redes sociales
y la mayoritaria y casi hegemónica prensa privada sostuvieron una campaña de propaganda a
favor del golpe de estado.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las
bandas paramilitares amenazó a los “masistas”, autoridades de gobierno y empresarios de
Santa Cruz simpatizantes del Gobierno de Evo Morales, con tener preparada una lista de
traidores a los que se eliminaría al estilo de Pablo Escobar en Colombia.
La oposición al gobierno del Presidente Evo Morales, conformó milicias armadas que
contaron con el apoyo abierto de la Policía boliviana. Grupos como la Unión Juvenil
Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo
paramilitar fascista”, fueron los principales ejecutores de la represión.
Se asaltaron y destruyeron los medios de comunicación de las organizaciones campesinas
como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia),
cuyo director, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y torturado, así como la de las
organizaciones sociales de base como las radios comunitarias (RPOs), o BTv, el canal de
televisión estatal. Al ser señalados como partidarios del gobierno, los periodistas y los
trabajadores de los medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados
e impedidos de trabajar.
Mediante redes sociales circuló un listado de lugares para bloquear que incluye las sedes de
ministerios y otras instituciones estatales, residencias de funcionarios gubernamentales y las
misiones diplomáticas de Cuba y Venezuela. A raíz de acusaciones falaces, grupos violentos
iniciaron el hostigamiento permanente de dichas Embajadas y la persecución constante a su

personal diplomático, hasta lograr que este salga del país. Estas acciones violentas vulneran
el derecho internacional, la Convención de Viena y otros tratados internacionales.
Como pudieron verificar los organismos de DDHH que vinieron al país, el 15 de noviembre,
una marcha de campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba fue balaceado
en Sacaba con 9 víctimas mortales y decenas de heridos. A través de videos grabados por los
propios campesinos se pudo evidenciar el uso de armamento de guerra. Las FFAA actuaron
ese día amparados en el DS N°4078 que les permitía el uso de armamento bélico sin
responsabilidades posteriores.
Lo mismo pasó en Senkata, El Alto, provocando la muerte de al menos 10 personas y
decenas de heridos cinco días después. Las fuerzas represoras conformadas por la Policía y
las FFAA indicaron que actuaron en contra de “terroristas”, que querían provocar una
explosión de la planta de gas. Los movimientos sociales, antiguos miembros del gobierno,
campesinos e indígenas que se manifestaban en contra del golpe de estado son asesinados,
el total de las víctimas asciende a 35 muertos y más de 800 heridos.
El 25 de noviembre miembros del brazo paramilitar del gobierno de facto ocuparon la sede de
la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos
y documentación. Estas operaciones continúan hasta el día de hoy. El viernes 17 de enero se
informó de la eliminación de las antenas de la Empresa ENTEL en varias provincias rurales
que proveía de los servicios de acceso a comunicación celular y radiofónica.
El 6 de diciembre, el gobierno de facto, aprobó el DS N°4100 cuyo objeto era el de indemnizar
a los familiares de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión policial y militar,
con la condición a que renunciaran a llevar el caso a las Naciones Unidas u otros organismos
de derechos humanos.
Al respecto, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su
preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las
víctimas a instancias internacionales para denunciar los crímenes de los que fueron víctimas
violando tratados internacionales como el Tratado de Roma que prevé el principio de
imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad. La Misión de observación de
la CIDH, que recogió numerosos testimonios de las masacres de Sacaba y Senkata,
denunció que en Bolivia no existe “ninguna garantía de independencia del poder judicial”.
La persecución, las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte contra ex autoridades
del gobierno de Evo Morales, así como a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS han
sido cotidianas. Es evidente la judicialización de la protesta social y de la libertad de expresión
(Incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc.).
La Defensoría del Pueblo de Bolivia, también ha sufrido hostigamiento, principalmente en la
ciudad de Cochabamba, tanto en las oficinas de dicha entidad así como en los domicilios
privados de sus representantes y sus familias.
Por otra parte, el permanente hostigamiento a la embajada y residencia de México, viola
todas las convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las representaciones
diplomáticas de los diferentes países. La no emisión de salvoconductos para personas que
solicitaron asilo político, que además fue otorgado por dicho país, es una flagrante violación
de los derechos humanos y políticos de las personas.
Cabe destacar la persecución de altos funcionarios del gobierno de Morales asilados en la
embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para
que puedan abandonar el país como el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el
ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro

Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de
Defensa Javier Zavaleta; el ministro de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro
entre otros.
Es evidente que las acusaciones en contra de las ex autoridades son parte de una estrategia
de persecución político-judicial, denominada “Lawfare”, que pretende anular la participación
política del MAS-IPSP en las próximas elecciones programadas para el 3 de mayo.
El ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, afirmó que iría de “cacería” contra miembros
del gobierno destituido y del MAS. Hizo pública su intención de llevar a Evo Morales ante la
Corte Penal Internacional de La Haya “por crímenes de lesa humanidad”, culpándole de las
35 víctimas mortales, incluso después de su dimisión y exilio del país. Las masacres de
Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., fueron documentadas por diferentes
organizaciones internacionales de derechos humanos y por países amigos. La información de
primera mano levantada por éstas da testimonio de la brutalidad del golpe de estado en
Bolivia.
El uso de adjetivos agraviantes y denigrantes por su contenido discriminador es frecuente de
parte del gobierno de facto como el hecho de referirse como “salvajes”, “narcoterroristas”,
“vándalos”, “delincuentes”, etc., en contra de los miembros del gobierno de Evo Morales y las
organizaciones sociales que lo respaldan, así como a las misiones internacionales de
observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo e incluso a los periodistas,
tildándolos de “guerreros digitales” o “terroristas informáticos”.
Murillo, celebra y se ufana del miedo sembrado en la gente por la “pacificación” a través de la
brutalidad policial/militar en contra de la subversión de las “hordas indígenas y masistas”. Se
“matan entre ellos”, “No toleraremos terroristas ni sediciosos, los estamos vigilando”, afirma.
El gobierno de facto impuesto por la violencia de los grupos paramilitares y policiales, así
como por las FFAA, eliminó derechos fundamentales a la protesta y al derecho al voto que fue
desconocido por las élites que ahora gobiernan el país como lo había hecho durante los 180
años de la República colonial y excluyente.
El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo
demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales
ciudades de Bolivia.
El argumento y la apelación a la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos
subversivos o grupos sediciosos armados masistas justifican la necesidad de crear Unidades
Especiales de la Policía para la lucha antiterrorista asesorada por el gobierno de Israel como
afirma el mismo ministro de facto Murillo. Es la justificación para más violencia y brutalidad
represiva estatal.
Se asegura la existencia de actividades sediciosas y terroristas para justificar la represión, se
otorga impunidad a las fuerzas militares para masacrar indígenas, se militariza el país y se
hace demostraciones de fuerza con el uso de armas de guerra.
La sistemática violación de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y
garantías individuales es resultado evidente de la existencia de un régimen dictatorial
impuesto por un golpe cívico, policial y militar.
Liquidar toda fuente de información independiente es parte de la estrategia de implementar un
cerco mediático

Los organismos de derechos humanos de todo el mundo, deben presionar para que cesen la
persecución política y la represión encabezadas por las bandas paramilitares protegidas por
la Policía y las FFAA.

Por lo antes expuesto:
Condenamos el golpe de estado ejecutado y financiado por fuerzas de la derecha
boliviana antidemocrática y otras fuerzas foráneas que pretenden recuperar el control
de los importantes recursos naturales del país como el Litio y el Gas.
Condenamos enérgicamente los mensajes de odio y racismo, así como la violencia
extrema perpetrada por los partidarios de la derecha radical antidemocrática contra los
pueblos indígenas, campesinos.
Condenamos contundentemente el “Lawfare” del gobierno de facto que ha desplegado
una maquinaria perversa de persecución política mediante un continuo linchamiento
mediático, invención de causas judiciales y violación permanente de toda convención,
norma internacional y constitucional de Bolivia.
Exhortamos a las FFAA y la Policía Nacional de Bolivia a velar y resguardar, ante todo,
la vida y la dignidad de cada persona que se encuentre en territorio boliviano, sea cual
sea su afinidad política o nacionalidad, así como a respetar la inmunidad de las
representaciones diplomáticas y proteger sus funcionarios, asilados e instalaciones.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas para que condenen este golpe
violento, así como las violaciones cotidianas que conculcan todas las libertades
individuales, sociales, jurídicas, culturales y políticas de las grandes mayorías.
Pedimos a la Comisión de DD.HH. de la ONU que en base a los informes,
investigaciones y testimonios de la CIDH, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras
organizaciones de DD.HH. que inequívocamente condene la violación sistemática de
los derechos ciudadanos, la brutal represión, los asesinatos y todos los demás
atropellos de perpetrados por el gobierno de facto, hechos sobre los cuales
urgentemente elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en
Bolivia.
Instamos también a seguir denunciando este golpe de estado perpetrado ante todos los
organismos internacionales, la prensa y las autoridades de todos los Estados del
mundo.

¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN EN BOLIVIA!

Suiza, 19 de enero de 2020

https://drive.google.com/file/d/1IHudKCcmvSlXAcfQY2OzukwKBuA0CSnF/view